El derecho del menor a ser escuchado, sin barreras de edad

Una de las principales novedades del anteproyecto es que los niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados en los procedimientos judiciales y administrativos que les afecten con independencia de su edad.

Hasta ahora, en la práctica, muchas exploraciones judiciales se vinculaban a la edad de 12 años o a la apreciación de una “suficiente madurez”. La reforma pretende superar esta barrera y situar el foco donde realmente debe estar: en la capacidad de adaptar la escucha a cada menor, no en excluirla de entrada por razón de edad.

Esto no significa que el niño o la niña tenga que decidir. Significa que su voz debe formar parte del procedimiento, especialmente en cuestiones de custodia, régimen de visitas, patria potestad, violencia familiar, situaciones de riesgo o desamparo.

Una reforma que desarrolla principios ya vigentes

Esta reforma no nace en el vacío: desarrolla principios que ya forman parte de nuestro ordenamiento, como el interés superior del menor, el derecho a ser oído, la protección frente a la violencia y la necesidad de evitar la revictimización.

Se sigue una tendencia legislativa clara: los procedimientos de familia y de protección de menores deben evolucionar hacia una escucha más real, más cuidadosa y más adaptada a la infancia.

En otras palabras, los juzgados, fiscalías, equipos técnicos, administraciones y profesionales del derecho debemos adecuar la práctica a ese estándar, en la medida en que ya es coherente con los principios vigentes de protección de la infancia.

Impacto en los procedimientos de familia en Cataluña

En el ámbito del derecho de familia en Cataluña, esta reforma tendrá especial relevancia en los procedimientos de guarda y custodia, custodia compartida, régimen de visitas, modificación de medidas, violencia contra menores y conflictos familiares de alta intensidad.

La reforma proyectada prevé que no pueda acordarse una custodia compartida cuando existan indicios de que dicha medida puede provocar un impacto negativo en la salud física, psíquica o emocional del menor.

Esta previsión refuerza una idea esencial: la custodia compartida no puede aplicarse de forma automática ni como solución estándar, sino que debe valorarse caso por caso, siempre desde el interés superior del menor.

La escucha del menor en conflictos familiares complejos

En procedimientos donde existan denuncias de violencia, indicadores de maltrato, rechazo intenso hacia un progenitor, instrumentalización del menor o grave conflictividad familiar, los tribunales deberán extremar la prudencia.

La escucha del niño o adolescente será un elemento relevante, aunque nunca deberá trasladársele la carga de decidir.

La prohibición del síndrome de alienación parental

Otra cuestión especialmente relevante es la anunciada prohibición del uso del denominado síndrome de alienación parental o SAP.

En la práctica de familia, este concepto ha sido objeto de una profunda controversia, especialmente cuando se ha utilizado para desacreditar el relato de niños, niñas o progenitores protectores en contextos de violencia.

La orientación de la reforma es clara: las manifestaciones de un menor deben ser escuchadas, valoradas técnicamente y analizadas con rigor, pero no descartadas automáticamente bajo etiquetas que puedan invisibilizar situaciones de violencia o sufrimiento.

Turno de oficio especializado y mayores garantías

La reforma también prevé la creación de un turno de oficio especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia.

Esta medida resulta especialmente necesaria, porque los procedimientos que afectan a menores requieren conocimientos específicos en derecho de familia, protección de la infancia, violencia, trauma, desarrollo evolutivo y garantías procesales.

En Cataluña, esta cuestión conecta con las reivindicaciones expresadas por la abogacía catalana.